sábado, 2 de octubre de 2010

Libertad de prensa: los puntos sobre las ies en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina

En peligro la libertad de mentir y manipular

15 Septiembre 2009

Por Carlos Iaquinandi Castro, Telesur.

Las casualidades suelen ser puntuales. Cuando se repiten o se multiplican, dejan de ser casualidades. Eso es lo que ocurre en estos últimos días con los quejidos que parten desde diversos sectores de poder con respecto “a los riesgos que corre la libertad de expresión” en algunos países del continente. Desde Nueva York a Buenos Aires, pasando por México o Santiago de Chile, pero también con “sucursales” en Europa, las usinas corporativas redoblan su campaña en defensa del control que ejercen en los grandes medios de comunicación.

Los procesos populares en marcha han afrontado que la casi totalidad de los medios privados, diarios, radios y canales, fueran -desde antes de las victorias electorales - un verdadero “coro mediático” de feroz oposición, que no duda en recurrir a la mentira, a la manipulación y al silencio sobre avances y conquistas sociales.

Su condición de ser prácticamente las únicas referencias informativas para gran parte de las sociedades, alimenta de forma permanente un clima de “acoso y derribo” hacia los líderes y los gobiernos populares.

Conscientes del riesgo que este manejo monopólico de los medios implica para los procesos que intentan cambios y transformaciones ajustados a las necesidades nacionales, varios gobiernos han decidido afrontar el problema a través de cambios normativos que permitan un acceso plural y democrático a los medios. Esas medidas justas y soberanas, han encontrado la respuesta concertada de las corporaciones mediáticas y de quienes coinciden con sus intereses económicos y de dominación cultural e ideológica. En definitiva, es un escenario más de confrontación entre los pueblos que avanzan en sus propósitos de auténtica autodeterminación, soberanía y justicia social, y los círculos minoritarios que de una forma u otra, siempre han ejercido el verdadero poder.

La “libertad” de la prensa golpista en Venezuela

El redoble por lo que las grandes corporaciones de la comunicación entienden por “libertad de prensa” aumentó en los últimos meses, cuando comprobaron que el disfrute de espacios, licencias y privilegios que gozaron durante tantos años como eficaces soportes de dictaduras o gobiernos neoliberales estaba en riesgo. En Venezuela, clamaron cuando el gobierno no renovó a su término la licencia del grupo privado Radio Caracas Televisión. En su historial, RCTV tiene el mérito “democrático” de haber participado activamente en el golpe militar de abril del 2002 contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez. Y fue Marcel Granier, propietario de RCTV quien le garantizó al presidente de facto Pedro Carmona, “El Breve”, que podía contar con el apoyo de los medios privados de comunicación. Carmona duró unas pocas horas a pesar del respaldo de las administraciones de George Bush y de José María Aznar, pero Garnier siguió su “guerra” atacando y difamando al gobierno y esperando otra oportunidad golpista. El gobierno ejerciendo su facultad constitucional, no renovó la licencia. Eso se tradujo en titulares como: “Clausuran el principal canal privado de Venezuela” y similares. Otros no tenían reparos en hablar de “dictadura mediática” o “control de la prensa” por el gobierno. En un reciente artículo, el profesor Emir Sader recordaba que de 709 radios venezolanas, 706 pertenecen a empresas privadas y 3 a entidades estatales. De los 81 canales de televisión, 2 son estatales 79 privados. En cuanto a los diarios, de los cuales 12 tienen carácter nacional y 106 son regionales, todos son privados. En su casi totalidad, pertenecen a grupos económicos nacionales o regionales, algunos con vínculos con empresas extranjeras y ” ejercen la pro-oposición”. Pero lo que quedan en algunas mentes son los gritos y las imágenes que profusamente difunden esos mismos medios y sus cómplices internacionales.

En Ecuador también “se acaba la fiesta”

En Ecuador, los principales diarios y canales de televisión, apostaron por el magnate Alvaro Noboa en las elecciones presidenciales que ganó Rafael Correa y su movimiento País. Desde entonces no han cesado de ejercer una oposición sistemática a través de una información sesgada. Ahora afrontan la demanda de organizaciones sociales como la CORAPE, Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y otros, incluyendo movimientos indígenas, campesinos, sindicales, estudiantiles, etc. en favor de una verdadera libertad de expresión, acceso democrático a los medios, información plural. El propio presidente Correa ha denunciado que “terminará la etapa de la dictadura mediática” a través de medidas legales, que incluyen la cancelación de licencias de obtenidas de forma irregular.

Reveló que uno de los principales canales, Teleamazonas, que es propiedad de uno de los hombres más ricos del país, señalado como gestor económico de los fondos de la Iglesia Católica Ecuatoriana, facturó muchos millones en ventas, pero en siete años no pagó un centavo de impuestos aduciendo que “tenía pérdidas”. Los propietarios de los diarios se quejaron cuando el gobierno dispuso terminar con los privilegios que disfrutaban y gravó la importación de papel en un 12 por ciento.

Dueños de los grandes canales como Ecuavisa o Teleamazonas recibieron en años anteriores del Banco Central dólares a menor costo que en el mercado libre, “para facilitar la compra de producciones televisivas en el mercado norteamericano”. Muchos de sus directivos hicieron fortunas comercializando estas divisas a su valor de mercado. Los diarios más importantes, “El Comercio” o “La Hora” de Quito, o “El Universo” de Guayaquil, tenían sus acciones en manos de personas o empresas domiciliadas en las Islas Caimán y en otros paraísos fiscales con el objeto de evitar el pago de sus impuestos. Una de las medidas de Correa ha sido prohibir a las instituciones del Estado contratar publicidad con empresas que tengan sus sedes o depósitos económicos en esas islas de impunidad fiscal.

También ha puesto en marcha la Radio Pública del Ecuador, con alcance nacional y una programación que procura validar una información plural y contrastada, recoger todas las voces y opiniones y la cultura nacional en todas sus vertientes.

Bolivia, la conjura de los medios

Las conspiraciones permanentes contra el gobierno popular liderado por Evo Morales, ha tenido un inclaudicable apoyo de los medios de comunicación. A los ya tradicionales, que fueron portavoces de gobiernos neoliberales y de las varias dictaduras militares que soportó el país durante el siglo XX, se han sumado otros que cuentan con capital y directivas que provienen de transnacionales como el grupo español Prisa, que edita “La Razón”. No hace falta calificarlo, cualquiera puede acceder por Internet a sus páginas, y deducir que intereses defiende este grupo que también desembarcó allí con otro ariete cultural, la editorial Santillana, a la que recientemente el gobierno boliviano quitó la concesión para libros escolares cuestionando sus textos colonialistas y contrarios a la condición multicultural del estado boliviano. “La Razón” ha torpedeado con sus editoriales, sus sesgadas noticias y sus columnistas, el proceso de nacionalización de los hidrocarburos, y ha defendido desde sus páginas los intereses de la transnacional Repsol, también de origen español.

El gobierno ha promovido una red de emisoras que tienen un fuerte contenido educativo y que respetan las distintas lenguas y culturas indígenas, pero el acceso y control de los principales medios gráficos y televisivos está casi enteramente en manos privadas, es decir en grupos económicos que tienen estrechos vínculos y comparten intereses con los partidos tradicionales hoy en la oposición.

Los medios regionales, como “El Deber” de Santa Cruz de la Sierra, se han enrolado en las batallas “autonómicas” con las que las oligarquías departamentales han intentado bloquear el proceso constituyente y otras reformas del gobierno boliviano. Este diario es el de mayor circulación y es el medio más significativo de la familia Rivero, miembro destacado de la oligarquía tradicional propietaria de medios de comunicación, como detalladamente señala en un informe el periodista Pascual Serrano. Como es habitual, los Rivero han extendido su control a otros medios, con la compra de acciones del canal PAT, que pertenece a la familia Daher, otro empresario de Santa Cruz, dueño también de la aerolínea Aerosur. Ambos medios, el diario “El Deber” y la televisora PAT, conforman el Grupo Líder con intereses en otros diversos medios.

En Argentina, una “clarinada” de alerta

Que en Argentina la presunta independencia de los medios de comunicación sea un tema de reflexión y de debate, ya es en sí, una buena noticia. Aún cuando sea el resultado de los aullidos lastimeros de los grupos que hasta ahora depredaban fácilmente en el territorio alfombrado por la vigente legislación de la dictadura del 76. Eso sí, cabe recordar que a fines de 1989 y bajo el primer gobierno de Carlos Menem, el entonces ministro de Obras Públicas Dr. Roberto Dromi, “mejoró” aquella norma, derogando el art.45 inciso “e” de la Ley de Radiodifusión que prohibía a las empresas periodísticas gráficas el acceso a la Radio y a la TV. Nacía entonces la era de los “grupos multimedios” y la concentración en muy pocas manos de la información, el análisis y hasta de las pautas de “entretenimiento”.

Uno de los que creció sin cesar y se convirtió en el más poderoso grupo multimedios en Argentina es “Clarín”, que practicó a rajatabla el principio de que la información es una mercancía y no un bien social. Desde su mastodónica dimensión ha ejercido como potente factor de presión “orientando” las medidas estratégicas de varios gobiernos. Fue junto con “La Nación”, uno de los principales beneficiarios de la medida tomada por la dictadura militar en el 76, cuando se quedaron con las acciones de “Papel Prensa”, proveedora de la materia prima básica para los periódicos, gracias al traspaso a “punta de pistola” obtenido por los represores a través del secuestro de la familia Graiver, hasta entonces propietaria. Eran tiempos en que se proclamaban “derechos y humanos”, burlándose de las campañas internacionales que denunciaban el terror, la represión y la absoluta censura periodística y cultural. Ellos eran obedientes y respetuosos de las directivas y deseos de la dictadura. Ahora, ante el proyecto del gobierno argentino de una Ley de medios Audiovisuales que entre otras medidas limita la concentración de licencias en un solo grupo, o promueve el acceso de organizaciones de la sociedad civil a un tercio de los medios, reclaman que “si una ley controla los medios, no hay libertad”. Si actualmente el grupo “Clarín” y “La Nación” a través de sus distintos enlaces empresariales controlan más del 80% de los medios de comunicación y existe una ley que lo permite, la pregunta obvia es : ¿ en que consiste la “libertad” actual ?

Cambios peligrosos… para ellos

Los quejidos de los grupos que ejercen el monopolio y el control de los medios en Argentina, han llegado esta semana a Europa y se han instalado en los grandes medios españoles. Les preocupa la posibilidad del cambio de legislación en Argentina, pero también temen que eso suceda en otros países donde soplan aires de cambio que pueden afectar sus intereses. Y cuando escribo “intereses” no me refiero únicamente a la posible disminución de beneficios al reducirse la cuota de acceso y dominio de medios, sino a sus objetivos de poder e influencia. Porque los grupos multimedios son factorías donde se moldea la opinión pública a base de machacar a lectores, oyentes o televidentes con las mismas noticias, convenientemente orientadas y maquilladas para que cumplan los fines previstos. Y por supuesto, donde también se ocultan otras informaciones, y otros puntos de vista.

Me explico con ejemplos: el diario español “El País” que pertenece al Grupo Prisa, ha publicado en 48 horas dos artículos referidos a la situación de la prensa latinoamericana. Desde sus titulares: “La prensa estorba al eje bolivariano”, el diario “El País” no deja mucho espacio para el libre discurrir del lector. El pasado domingo “explicó” el debate en Argentina sobre la reforma de la ley de medios de la dictadura bajo estos titulares: “El matrimonio presidencial argentino maniobra para controlar los medios” y “la guerra al grupo Clarín deriva en una batalla contra todo el sector”. En realidad, lo que está defendiendo ese diario madrileño es el acceso que tienen multinacionales de matriz española para ejercer el control de medios de los países latinoamericanos, como ya lo hizo en Argentina la empresa Telefónica, con su participación en Radio Continental, La Red, FM Hits, Telefé y diversos canales del interior.

Suponiendo que lo que definen como “la guerra contra Clarín”, en realidad fuera el único objetivo de la nueva legislación, PRISA, como grupo multimedios también se siente “en guerra” y actúa en consecuencia. Y al día siguiente, el diario argentino recogió los ecos españoles de sus propios lamentos de monopolio herido, y citó que ” el diario “El País” de España, uno de los más importantes de Europa, le dedicó en su edición de ayer la tapa y sus dos primeras páginas a la ley de medios kirchnerista y a la relación con la prensa de lo que llama el ‘eje bolivariano’ a lo que hizo duros cuestionamientos”. Y añade más adelante: “Otro diario de la península ibérica, “Público”, señaló ayer en su tapa “La ley de los Kirchner contra la prensa libre”. Claro que “Clarín” omitó un pequeño detalle: que ese texto en el diario español lo firmaba Miguel Wiñaski, director de la escuela de periodismo de “Clarín”. Esa es la objetividad y la “libertad de prensa” que predican.

¿SIP o PIS?

“El País” y otros medios españoles cuentan en su prédica contra los gobiernos populares latinoamericanos con el respaldo de aquella vieja conocida de los latinoamericanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), esa superestructura patronal montada en 1950 en Nueva York por los dueños de los grandes medios, que durante las dictaduras militares de los años 70 y 80, no tuvieron dificultades en confraternizar con los represores y aceptar todas sus normas y arbitrarias restricciones. Uno de sus principales impulsores fue Jules Dubois, coronel de la inteligencia militar norteamericana. Su presidente actual, Enrique Santos, para disculpar a los diarios que ejercen una recalcitrante oposición a los gobiernos populares apeló a una frase desafortunada y que trae dolorosas reminiscencias para los argentinos. “Claro que hay errores y excesos” afirmó el titular de la SIP, pero son parte de la “lucha de opinión”.

La SIP mantiene en un segundo plano la censura de prensa y la destrucción de equipos de los medios independientes en Honduras, que son parte de la represión ejercida por los golpistas hondureños. Por último, hagamos memoria: desde 1965 a 1980 integró la Junta de Directores de la SIP la recientemente fallecida directora del diario argentino “La Nueva Provincia”, que fue el faro ideológico de la dictadura militar, impulsor de ideas fascistas, y promotor de una “represión sin debilidades” en sus editoriales. Pocos meses de consumado el golpe, dos obreros gráficos del diario que habían encabezado huelgas en reclamo del cumplimiento de su convenio, fueron secuestrados y asesinados por grupos operativos de la dictadura, crímenes todavía impunes. Entre 2000 y 2001 el presidente de la entidad fue Danilo Arbilla, ex director de prensa durante la dictadura militar uruguaya, que cerró 173 medios de comunicación en ese país hermano. La SIP es la “columna democrática” que avala la campaña contra el “eje bolivariano” que quita el sueño a las oligarquías del continente.

No quieren perder la libertad de mentir y manipular

En anteriores artículos referidos al golpe en Honduras, o al convenio por el cual el presidente Uribe cede la utilización en territorio colombiano de 7 bases militares de aire, mar y tierra al ejército norteamericano, escribía que estamos ante una contraofensiva de las oligarquías latinoamericanas, de los sectores políticos tradicionales desplazados del poder en algunos países y con riesgo de perderlo en otros. Una operación de “reconquista” que tiene poderosos aliados en la ultraderecha norteamericana, con arraigo en el Partido Republicano, pero también con raíces en el partido Demócrata desde el cual accedió a un poder limitado Barack Obama.

La cuestión del control de los medios de comunicación es estratégico y casi decisivo en esta confrontación. Y ellos no quieren perder la libertad de mentir y manipular, tal como lo vienen haciendo. Hace unos dos años, el profesor Emir Sader ya escribía: “Frente a las debilidades políticas e ideológicas de la derecha, los grandes monopolios privados de los medios de comunicación asumen la función de dirigentes de la derecha latinoamericana. Actualmente, los grandes grupos oligárquicos que dominan la prensa del continente vuelven a desempeñar ese papel. Es un bloque que constituye un frente continental, solidario en la defensa de sus intereses corporativos que chocan frontalmente con la construcción de democracias en el continente. Nunca tendremos democracias en América Latina sin que exista un proceso democrático de construcción de opinión pública que sea transparente, pluralista, público”.

Y hace ya muchos años un escritor y pensador argentino, dijo que “no existe la libertad de prensa, tan sólo es una máscara de la libertad de empresa”. Arturo Jauretche autor entre otras obras de “Los Profetas del Odio y la Yapa. La colonización pedagógica” escribió entonces que “los medios de información y la difusión de ideas están gobernadas, como los precios en el mercado y son también mercaderías. La prensa nos dice todos los días que su libertad es imprescindible para el desarrollo de la sociedad humana, y nos propone sus beneficios por oposición a los sistemas que la restringen por medio del estatismo. Pero nos oculta la naturaleza de esa libertad, tan restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita, porque el libre acceso a las fuentes de información no implica la libre discusión, ni la honesta difusión, ya que ese libre acceso se condiciona a los intereses de los grupos dominantes que dan la versión y la difunden. Mientras los totalitarios reprimen toda información y toda manifestación de la conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses. Grupos capitalistas tienen en sus manos la universidad, la escuela, el libro, el periodismo y la radiotelefonía. No necesitan recurrir a la violencia para reprimir los estados de conciencia que le son inconvenientes. Les basta con impedir que ellos se formen”.

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